Las que operan en Venezuela son seis, y aunque son “hampa común”, no pueden ser calificadas como bandas sencillas, sino como “megabandas criminales” por su estructura y organización.
Cada una de estas megabandas está formada por al menos 80 individuos que portan armas automáticas cortas, largas e incluso granadas, y cometen una serie de delitos que van desde secuestros, robos de vehículos, extorsión, venta de drogas e incluso trata de personas.
La solución para desarticularlas no es fácil: mano férrea y golpes certeros por al menos 3 años, según le dijo el criminólogo Fermín Marmol García a la periodista Shirley Varnagy en una entrevista para Unión Radio hace casi un año, el 10 de julio de 2015.
Para esa época la banda “El Picure”, que no está desmantelada, pero sí seriamente diezmada por las autoridades tras un duro golpe en el que fueron dados de baja el líder José Tovar Colina y otros 8 miembros, mantenía aterrorizados a los venezolanos.
El concepto de megabanda nació en Centroamérica, cuando los delincuentes de organizaciones menores notaron que podían incrementar sus ingresos y su influencia si se aliaban con otros delincuentes, que en su momento eran considerados enemigos.
En el horizonte el criminólogo observa un problema a la vista, el de la “imitación”: que otras bandas pequeñas se asocien para enfrentar a la autoridad y maximizar sus ganancias.
LAS BANDAS
Marmol García identifica seis grandes megabandas criminales, encabezadas por la tristemente célebre El Picure, que es fuerte en los estados Aragua y Guárico.
Sin embargo, las actividades hamponiles de El Picure ya comienzan a extenderse a otras entidades, e incluso tienen una zona de “enfriamiento” -guarida- en el municipio Libertador de Caracas.
En Aragua también opera otra megabanda, conocida como El Juvenal, y de las mismas características de El Picure.
Otras tres, cuyos nombres son difusos porque usan el de los líderes de turno, intervienen en el Sur del Lago de Maracaibo, el estado Bolívar y toda la troncal 9, desde Caucagua hasta El Guapo, en el estado Miranda.
Marmol García aún identifica otra más, aunque no ahondó sobre sus características ni la zona en la que operan.
¿HAY ALGUNA SOLUCIÓN?
El criminólogo no aprecia otra solución que no sea la mano “férrea y justa” del Estado contra quienes atentan con armas contra la sociedad.
“A corto plazo (debe haber) una mano muy justa, una mano muy dura. Hay que rescatar el espacio territorial, el monopolio de la violencia: solo el Estado tiene el monopolio de la violencia y quien esté armado en contra de la sociedad debe ser implacablemente perseguido”, señala.
No cree que la muerte o captura del líder de estas megabandas sea una solución para desarticularlas, porque en Venezuela los delincuentes “no funcionan así”.
“Se requiere de golpes certeros y constantes hasta desmontar al líder, sus lugartenientes e incluso sus luceros (jefes de más bajo rango). Se requiere de tres años de golpes constantes”, añade.
USO DE LA TECNOLOGÍA
Marmol García estima que el uso inmediato de la tecnología podría facilitar la captura de delincuentes y reducir sus actividades. Pone como ejemplo el uso de inhibidores de señales en las cárceles para evitar las llamadas por teléfonos móviles, mediante las cuales se coordinan secuestros y hasta asesinatos.
También cree que los videos de criminales debe ser difundidos en la TV abierta para que los ciudadanos ayuden, de forma anónima, a ubicar a los delincuentes.
“En Caracas una banda ha asestado 5 golpes en joyerías usando granadas ¿Por qué si han sido filmadas (estas personas) no se usan los noticieros para difundir sus rostros, que están descubiertos? ¿Por qué no usamos nuestros noticieros para emitir videos para que la gente los ubique? ¿Por qué no damos esos pasos contra el crimen y la violencia? El delincuente se apoya en el anonimato, y el anonimato se debe acabar”.
¿Y LOS PLANES DE SEGURIDAD?
En el país funcionan, a la misma vez, tres planes de seguridad: de pacificación -zonas de paz-, de patrullaje -cuadrantes- y de desarme.
Marmol García estima que el de pacificación está destinado al fracaso porque “no se puede sentar en la misma mesa a nuestros jefes policiales con los jefes criminales”, y porque ningún pacto con hampones tendrá futuro.
“Los delincuentes no tienen palabra”, aseveró.
Los planes de patrullaje y desarme son similares, dijo, a unos establecidos en Colombia y Brasil y que rindieron frutos en esos países, pero en Venezuela carecen de “voluntad política y recursos” para generar un efecto visible.
«QUE EL PRESIDENTE “ASUMA EL COSTO”
Marmol García insiste en que “la mano dura” es parte de la solución, pero no esconde que esto conllevará un “costo político” que los dirigentes pocas veces están dispuestos a asumir.
“En un país con régimen presidencial como el nuestro las políticas solo funcionan si el Presidente las pone en su lista de prioridades. En Venezuela se requiere que el Presidente tome el tema, como lo hizo Álvaro Uribe en Colombia o Lula en Brasil. No es un asunto de ideología”.
“Necesitamos un Presidente que esté dispuesto a pagar el costo político de enfrentar la violencia, porque habrá un costo político… denuncias (de abusos)”, sumó.
Información de Sumarium