La intención del Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre, de denunciar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda), ha encendido las alarmas ante las repercusiones legales que podría enfrentar el autoproclamado hijo del “Supremo” al expulsar a un millar de colombianos del territorio nacional. La acción más allá de reforzar un carácter nacionalista electorero podría convertirlo en el primer mandatario latinoamericano en ser condenado por crímenes de lesa humanidad.
“Por regla general los presidentes son inmunes mientras ejercen el cargo, pero hay unas excepciones y es que cuando un jefe de Estado comete delitos de lesa humanidad pierde esa inmunidad (…) Aún se están consolidando las pruebas, recaudando elementos probatorios en la frontera y allegando y recogiendo los informes de derecho internacional que se han emitido”, dijo Montealegre al anunciar la decisión.
Ante la querella internacional, el expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Arria, explicó que el Estatuto Roma establece que las responsabilidades se determinan de forma personal y no en contra de países.
“Es evidente que el régimen de Maduro apoyado en pandillas militares ha incurrido claramente en estos atroces y criminales delitos clasificables como de lesa humanidad”, dice el diplomático que interpuso una demanda ante la misma corte en contra del fallecido presidente Chávez.
Al ser consultado sobre la acción penal, el abogado Jesús Ollarves, quien califica la denuncia a ser formulada por autoridades de su país como “una exageración”, explica que los procedimientos jurisdiccionales que debe cumplir el país vecino para encausar la situación fronteriza debe ser una reclamación formal y directa al Gobierno venezolano, la cual debe estar basada en argumentos del Derecho Internacional.
Seguido de eso, apunta, en caso de no obtener respuesta, debe acudir al Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la revisión y control de los preceptos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A juicio de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, la instancia internacional ha sido utilizada como herramienta de coacción. “Siempre se han utilizado como presión política y no como una argumentación de tipo político, esa ha sido la gran debilidad del sistema internacional de justicia”, por lo que recomendó a los presidente Santos y Maduro a resolverlo de forma política.
César Rodríguez Garavito, fundador de la ONG colombiana DeJusticia, considera acertada la decisión de su país de acudir a la instancia con sede en Holanda, pero cree que el camino es largo e intrincado, dado que desde que inició operaciones en 2003 solo ha interpuesto dos sentencias, “se ha mostrado demasiado selectivo y escaso de recursos institucionales y políticos para intervenir en conflictos como el de Venezuela y Colombia”, señala.
A pesar de ello, el jurista neogranadino reitera que en el literal d, del segundo numeral del artículo 7 del Estatuto de Roma, se considera un crimen de lesa humanidad la “deportación o traslado forzoso de la población” que establece que “el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el Derecho Internacional”. En caso de ser admitido y constatado, reitera, pudiese encausar al presidente Maduro y ordenar su encarcelamiento en la cárcel de La Haya.
Vía El Cooperante.