La oposición sigue dando pasos firmes y necesarios para intentar remediar la debacle política, económica y social en la que están sumidos los venezolanos.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) enviará a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a otros organismos internacionales el informe legislativo en el que se basó la mayoría opositora parlamentaria para destituir a 34 jueces del Supremo, informó EFE.
«El expediente está muy claro y la función política que hicimos es demasiado cristalina ante los ojos de los venezolanos y la Mesa de la Unidad va a enviar a todo el cuerpo diplomático y a la OEA y a todos los organismos internacionales el expediente completo que hizo la comisión (parlamentaria)», dijo hoy el diputado opositor Carlos Berrizbeitia.
El diputado, quien encabezó la comisión parlamentaria que elaboró el informe que se aprobó este jueves, hizo las declaraciones en entrevista concedida al programa radial del secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, que se transmite en la emisora privada RCR.
La Asamblea Nacional destituyó así a 13 jueces principales y 21 suplentes con base en ese informe, en el que se detalla por qué el proceso de designación que se produjo en diciembre pasado, por un parlamento de mayoría chavista, supuestamente estuvo cargado de vicios.
Según Berrizbeitia, «cualquier jurista recién graduado en cualquier parte del mundo (…) se dará cuenta de la aberración jurídica y fraude constitucional» de esas designaciones.
«Desde ayer ninguna sentencia debe ser firmada por ninguno de estos 13 magistrados principales y 21 suplentes, que ellos se atengan a las consecuencias futuras y presentes de la ilegalidad de firmar alguna sentencia», advirtió el parlamentario.
Asimismo, señaló que los colegios de abogados del país van a reunirse para tomar decisiones con respecto a lo que consideran son actuaciones ilegales por parte de los jueces que fueron destituidos por no cumplir con los requisitos exigidos para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, según el informe.
Aclaró, ante las críticas chavistas que han surgido sobre esta decisión, que la mayoría opositora de la Asamblea no está «revocando» a los jueces sino «dejando sin efecto un proceso fraudulento», ejerciendo el poder legislativo de «corregir un proceso administrativo».
Berrizbeitia dijo este jueves en la sesión parlamentaria que las credenciales de los magistrados designados por el chavismo no cumplen con las exigencias establecidas en la Constitución.
Se destacaron tres casos de magistrados que supuestamente no son «juristas de reconocida competencia», no han sido profesores universitarios, no han sido jueces en la especialidad correspondiente y dos de ellos eran militantes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), entre otras irregularidades.
Información de EFE.