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¡ÚLTIMA HORA! Senado de Brasil solicitará a Dilma Rousseff activar Carta Democrática para Venezuela

El mundo no guardará silencio ante los atropellos cometidos en Venezuela. El Congreso de Brasil adelanta acciones para impulsar la activación de la Carta Democrática al país, lo que significaría un precedente en Sudamérica para que otras regiones alcen sus voces contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Este miércoles, el plenario del Senado brasileño debatirá la solicitud hecha a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, para que se active el Protocolo de Ushuaia y la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), en virtud del incumplimiento del Gobierno del presidente Nicolás Maduro a las prácticas democráticas previstas en dichos instrumentos internacionales.

Composición Maduradas/ Archivo

Composición Maduradas/ Archivo

Así informó el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien se encuentra de gira, reseñó Tal Cual.

Florido explicó que la propuesta fue presentada por la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado de Brasil, que encabeza Aloysio Nunes Ferrerira, del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), con quien se reunió durante su reciente visita a ese país en compañía del diputado William Dávila.

“Consideramos que hay suficientes razones para activar ambos mecanismos, porque las acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional constituyen un golpe judicial que pone en riesgo la democracia venezolana”, aseguró Florido.

El Protocolo de Ushuaia, suscrito por los países integrantes del Mercosur, incluye una “cláusula democrática” que establece sanciones o, incluso, la expulsión del bloque, de aquellos países miembros donde se quiebre el orden democrático.

Por su parte, la Carta Democrática Interamericana, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, establece que la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye “un obstáculo insuperable” para la participación de su gobierno en diversas instancias de la OEA.

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