¡Condenados al transporte público! Así están los venezolanos, quienes ni trabajando toda la vida ganando salario mínimo podrían comprarse un carro, los cuales venden en cifras astronómicas para un ciudadano común.
El “bachaqueo” parece haber llegado también a la industria automotriz venezolana, en la cual todo tipo de negocios rodean la escasa producción de vehículos que se ensambla en el país. Así se desprende de informaciones recabadas por el diario La Voz que revelan que los vehículos nacionales son vendidos en dólares por concesionarios que, amparados por las plantas ensambladoras y por funcionarios del Gobierno, venden los carros en moneda extranjera, más otra parte en bolívares, a pesar de que estos vehículos son producidos en Venezuela por trabajadores venezolanos que cobran sus salarios en moneda nacional.
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Como demostración de esta noticia pudimos recabar la información de que para poder comprar, por ejemplo, un carro Ford Fiesta, modelo Titanium del año 2015, hay que pagarle al concesionario Ford la cantidad de 14.327 dólares, más la suma de 6.610.029 bolívares y esa empresa entrega una factura por Bs.9.446.775, reseñó Diario La Voz.
Toda esta artimaña financiera resulta después de que el usuario tiene que adquirir las divisas en el mercado paralelo al cambio de Bs.1.100 (valor actual aproximado) por dólar, pero el concesionario recibe tales dólares al cambio de Bs.200, obteniendo una utilidad cambiaria de unos Bs.900 por dólar, más la cantidad en bolívares que da apariencia legal a la negociación. Luego la factura en bolívares que recibe el comprador refleja que el vehículo fue supuestamente vendido en Bs.9.446.775 cuando en realidad este pagó Bs.22.369.735. Esta operación, además de ofrecer muchas dudas sobre su legalidad, influye también en el mercado de carros usados en el país, los cuales son ofertados en cifras multimillonarias.
Es, en síntesis, un sofisticado “bachaqueo” de los carros nuevos que son ensamblados en el país, pero son vendidos a precios escandalosamente altos con la complicidad de ensambladoras, sindicatos, concesionarios y autoridades.
Esto explica cómo, a pesar de estar los locales de los concesionarios vacíos, porque lo carros nuevos permanecen ocultos, los comerciantes obtienen fabulosas ganancias por la utilidad cambiaria que producen estas negociaciones. Utilidades que, por supuesto, no son declaradas al fisco nacional, constituyendo de paso una defraudación fiscal.
Indudablemente, tanto el Gobierno, con sus férreos controles, como la «viveza criolla», que de todo ve una oportunidad, se han encargado de pervertir la compra y venta de vehículos en el país.