El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres inspectores e igual número de detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes fueron aprehendidos este lunes 03 de febrero, tras presuntamente extorsionar a un comerciante que habían trasladado desde el estado Miranda a Caracas.
En la audiencia de presentación, el fiscal 46º nacional auxiliar, Alexis Cova Escalante, imputó a los siguientes funcionarios del CICPC: César Dublier Ramírez Silva (inspector jefe), Baywis Ignacio Rivas Márquez (inspector), Delvis Alirio Román Pacheco (inspector), Jeanyi de Los Ángeles Ocando (detective jefa), Nelson Adrián Valera (detective agregado) y Carlos Eduardo Suárez Martínez (detective).
Los delitos imputados por el representante del Ministerio Público para los seis funcionarios fueron extorsión agravada en grado de coautores, asociación para delinquir, privación arbitraria de libertad.
En ese sentido, el Tribunal 7° de Control del área metropolitana de Caracas admitió la precalificación fiscal, acordó la medida privativa de libertad contra los seis funcionarios y ordenó su reclusión en la sede de la Brigada de Acciones Especiales de ese organismo, ubicada en San Agustín, municipio Libertador del Distrito Capital.
De acuerdo con la investigación preliminar, el pasado 29 de enero, los seis funcionarios de la policía científica se trasladaron hacia la población de Mamporal en Río Chico, estado Miranda, con el pretexto de realizar un procedimiento.
En ese lugar acudieron a la residencia de un comerciante, al que le manifestaron que tenían conocimiento de hechos ilícitos relacionados con materiales ferrosos por parte de dicho hombre.
De inmediato, procedieron a colectar algunas evidencias y trasladar al comerciante a Caracas.
Ya en la ciudad capital, estando en la sede de la División Nacional de Hurtos del CICPC, habrían exigido a la víctima una alta suma de dinero a cambio de no involucrarlo en un delito.
Posteriormente, representantes del Ministerio Público y funcionarios de la Brigada de la Función Pública del organismo policial iniciaron la investigación del caso, razón por la que se solicitó una orden de aprehensión que fue acordada y ejecutada el pasado lunes 3 de febrero, reseñó El Nacional.