Este miércoles, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, recibió al defensor del pueblo de Colombia Jorge Otálora y al alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, quienes se presentaron para solicitar medidas cautelares ante la crisis fronteriza que vive actualmente con Venezuela.
Otálora aseguró que la visita es para pedir a la CIDH que exija al Gobierno venezolano que ponga fin a «su violación sistemática de los derechos humanos de los colombianos que hoy continúan en Venezuela». Entre esos derechos, mencionó «el derecho a la unidad familiar, a la locomoción, al trabajo o a la propiedad», reseña Efe.
La petición se fundamenta en las visitas del equipo del defensor del pueblo a la zona y en más de 1.300 quejas formales presentadas ante su oficina por colombianos «irregularmente deportados, desplazados o víctimas de trato inhumano» por parte de autoridades venezolanas.
Otálora denunció asimismo que hay más de 70 colombianos «privados de libertad» en Venezuela, los cuales, «según el Gobierno venezolano están detenidos formalmente, pero de los que sus familias no saben nada, ni si tienen un juicio».
También acudió a la CIDH el alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris Lobo, para pedir una investigación sobre las deportaciones de colombianos en la frontera con Venezuela y 16 medidas cautelares.
«De nada sirven las medidas cautelares si ellos no verifican, yo no estoy pidiendo que ellos tomen medidas cautelares porque yo lo digo; vayan, vayan y miren», dijo el alcalde en declaraciones a los periodistas antes de entrar en la sede de la CIDH con una maleta de viaje cargada de pruebas para sustentar su denuncia.
Las medidas cautelares, acción que toma la CIDH cuando considera que la integridad o vida de una persona está en riesgo, afectarían en este caso a 16 grupos de individuos, entre ellos «1.512 niños que no pueden ir a la escuela» y a los colombianos deportados que tienen bienes en Venezuela y no pueden ir a recogerlos.
«Tengo pruebas de personas que los han deportado por ser colombianos, personas golpeadas por los guardias, mujeres que han sufrido abusos sexuales de los guardias, 1.512 niños que viven en Venezuela y no pueden pasar a sus escuelas en Colombia», explicó el alcalde de la ciudad fronteriza.
Ramírez Paris Lobo también visitó hoy las oficinas de Human Right Watch (HRW) en Washington para pedir a esa organización pro derechos humanos que siga analizando la situación y acuda a la zona.
Con información de El Universal.