Los estudiantes venezolanos ponen en jaque al Gobierno de Nicolás Maduro. Los estudiantes toman las calles en protesta por la crisis económica galopante y los niveles de violencia desorbitados que vive el país.
«Esta batalla la vamos a ganar«. Samuel Petit, líder estudiantil de la ciudad de Guayana, en el estado de Bolívar, se muestra confiado en que la presión social llevará el cambio a Venezuela. Cambio es la palabra que más se repite en el mensaje de este estudiante de Periodismo, que se muestra firme en su convicción de seguir protestando. «Nosotros vamos a dejar de marchar cuando el derecho a la vida sea respetado, cuando los jóvenes sientan que al graduarse tienen oportunidades para desarrollar su carrera, cuando los derechos humanos se respeten, cuando la libertad de expresión no se cercene, cuando sintamos que Venezuela va por el buen camino. Ese día regresaremos a nuestras casas y a nuestros centros de estudio», espeta, como si de un discurso político se tratara, reseñó Noticias El Álava.
Crisis económica, escasez de productos, inseguridad… Los sectores críticos al Gobierno enumeran sus motivos para salir a las calles a protestar como un mantra. Las protestas estudiantiles comenzaron el pasado 12 de febrero y están poniendo en jaque al Gobierno de Nicolás Maduro, en medio de una crisis económica galopante y unos niveles de violencia desorbitados: el año pasado, unas 25.000 personas murieron asesinadas en el país sudamericano.
La chispa se encendió unos días antes en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, tras la celebración de una manifestación de estudiantes universitarios que reclamaban mejores condiciones de seguridad después de varias denuncias de robos en los campus universitarios y el intento de violación de una estudiante. Durante la marcha, cinco jóvenes fueron detenidos, acusados de participar en actos violentos. Una semana después, el 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, se realizaron protestas en distintas partes del país a favor y en contra del Gobierno. Ese día, estudiantes críticos con las autoridades, a los que se sumó una parte de la oposición -encabezada por el encarcelado Leopoldo López y la inhabilitada María Corina Machado en contra de la opinión del líder opositor Henrique Capriles-, se manifestaron en varios estados del país, exigiendo la liberación de los cinco estudiantes y contra la inseguridad, la crisis económica y la escasez de productos básicos. El resultado: tres muertos en los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes. Desde entonces, los fallecidos han ascendido a 37 y unas 2.000 personas han sido detenidas.
En un informe publicado esta semana, Aministía Internacional denunció diez casos de torturas y tratos crueles por arte de miembros de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. «Hay un caso muy particular, el de Moisés Guanchez, un joven cocinero de 19 años en los Teques, a una hora de Caracas. Cuando salía de su trabajo se topó con una manifestación y le tocó echar a correr. Este muchacho fue detenido, inmovilizado y recibió cinco disparos de perdigonazos en el brazo, en la pierna, en la nalga y en un testículo. Y cuando le trasladaban al centro penitenciario, los guardias se reían de él, le decían que no iba a tener nunca hijos. A este muchacho le imputaron cualquier cantidad de delitos, que llevaba cócteles molotov, cuando él no participaba en las marchas», denuncia Leandro Rossi, abogado y miembro del centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Rossi y sus compañeros atienden estos días algunos casos de detenidos en las protestas. Según el abogado, los jóvenes no reciben la visita de familiares ni asistencia jurídica durante dos días. «Los vemos por primera vez cuando se presentan ante los tribunales», explica. «En un inicio, los detenidos eran estudiantes que encabezaban las protestas, pero ahora son ciudadanos sin más. Hay quienes incluso han sido detenidos y no estaban en las manifestaciones. Son detenciones completamente arbitrarias», denuncia.
Samuel Petit no fue detenido por casualidad. «Me quedé dormido», explica. «Cinco compañeros fueron interceptados por camionetas de la policía municipal cuando salían de una de las residencias donde solemos resguardarnos. Fueron acusados de siete delitos, entre ellos intento de homicidio. Todo se lo inventaron, los detuvieron por estar al frente de las protestas. Todos ellos han salido, pero con medidas cautelares», relata. De los 2.000 detenidos en los últimos dos meses, 168 continúan en prisión; el resto han salido en libertad pero deben enfrentarse a procesos judiciales.
LOS MANIFESTANTES
El grueso de los manifestantes lo componen estudiantes universitarios contrarios al Gobierno. Y es que la ola de protestas no ha logrado atraer al electorado fiel al chavismo, la otra mitad de la población.
Aaron Salazar y Sofía Briceño estudian Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, lugar de varios enfrentamientos entre estudiantes, el último, el pasado jueves. Ese día la Guardia Nacional rodeo el centro e impidió que una manifestación de cientos de estudiantes saliera del recinto universitario para dirigirse a la Plaza Venezuela. Fue entonces cuando comenzaron los disturbios. Un grupo lanzó piedras y cócteles molotov a los miembros de las fuerzas de seguridad y estos respondieron con bombas lacrimógenas y chorros de agua. Finalmente, la trifulca enfrentó a estudiantes a favor y en contra del Gobierno, que dejó varios heridos en ambos bandos.
Según Aaron Salazar, «las fuerzas militares impidieron que la marcha avanzara con gas lacrimógeno y chorros de agua, pero además de eso, colectivos armados -miembros de grupos armados motorizados- y estudiantes de Trabajo Social arremetieron contra los manifestantes de forma violenta». Este estudiante asegura que el ambiente en la universidad es de «desolación». «Mucha gente no viene a clases por miedo», dice.
José Gregorio Añez es un padre de dos licenciados en Derecho de del estado de Carabobo que se ha unido a las protestas. «Esto es un cúmulo de disconformidad. La situación está ingobernable. No es justo que estemos en una economía tan dramática después de haber tenido tanto dinero. Ver ahora colas kilométricas en los supermercados, no saber qué producto llegará ese día… Cuando uno ha tenido lo suficiente y no ha pasado por estas necesidades, uno se molesta», manifiesta. A este hombre no le sorprende la determinación de los estudiantes de continuar con las protestas: «Si tú me ofendes, me lastimas, yo me pongo bravo y empiezo a protestar. Si me lastimas más, me pondré más bravo y protestaré más», resume.
LOS DATOS
Víctimas. Un total de 37 personas ha fallecido por la violencia en esta ola de protestas.
Detenidos. Más de 2.000 personas han sido detenidas, la mayoría han sido puestas en libertad con cargos. 168 siguen en prisión.
Manifestantes. Son en su mayoría estudiantes opositores al Gobierno de Maduro. Se organizan, principalmente, a través de las redes sociales.
Fuerzas del orden. La Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia han sido acusados de abuso excesivo de la fuerza. Amnistía Internacional ha documentado 10 casos de torturas.
Los colectivos. Los manifestantes denuncian la presencia de miembros de colectivos, grupos armados motorizados, durante las protestas para sembrar el caos. Según el abogado Leandro Rossi, también han llevado a cabo alguna detención.